Denuncia contra Montoneros por terrorismo de Estado
Hacia el fin del año último, un tribunal federal de la Capital cortó mano y dijo que el terrorismo es tal sólo cuando se practica desde el Estado o con el aval del mismo. Según los analistas, tal enfoque se dictó contra las más elementales normas de la lógica formal, en violación del principio de igualdad ante la ley, que es base constitucional y el criterio de dar a cada uno lo suyo, nacido de la visión elemental del plexo axiológico social.
Además -se entiende-, en contra de lo que se legisla en los países que han sufrido, como la Argentina, la acción de grupos terroristas: España, Francia e Italia, por citar los que mayor vínculo tiene con nuestra arquitectura de herencia latina.
En esos mundos jurídicos, si alguien siembra el terror en la sociedad, ese alguien es un terrorista y está sujeto a las leyes sí que rigurosas previstas para esas conductas que, por ejemplo, incluyen la imprescriptibilidad de la acción penal por el paso del tiempo.
Entonces, cuando un tribunal de derecho dice que sólo los que usaron el aparato del Estado para sus acciones pueden ser considerados terrorista, digamos, "químicamente puros" y por ende responsables más allá del tiempo y del espacio, algo suena a flojo.
Punto referencial
El fallo, vale recordarlo, se dictó en la presentación judicial de un sobreviviente del ataque terrorista del 2 de julio de 1976, cuando la banda Montoneros hizo volar un comedor del Departamento Central de Policía; causó 24 muertos y numerosos heridos, en lo que normalmente se considera un acto de lesa humanidad.
Bueno, el fallo no está firme. Parece importante destacar que no lo único pendiente ante tribunales nacionales e internacionales. Digamos que el asesinato de Argentino del Valle Larrabure es un serio problema para los tribunales y sigue pendiente.
Sobre lo que se llama El caso Larrabure, se volverá en otro momento. Ahora, la liebre volvió a saltar. Una denuncia más, en la que se afirma que los hechos producidos no prescribieron, no solamente por tratarse de un delito de lesa humanidad, sino porque los que lo cometieron estaban bajo el manto protector del Estado pese a ser civiles sus ejecutores.
Esto es, otra vuelta de tuerca, cuestión de dejarle poco espacio a la Justicia Nacional, tan voluble como es, para seguir en la obstinada visión hemipléjica de la guerra sucia de la década del `70 en la Argentina.
Nuevo enfoque
Según un sitio de Internet -de los que por ahora no es posible censurar-, se sabe que Ana María Carolina Lucioni, con representación legal del doctor Edgardo Frola, se presentó judicialmente para pedir el juzgamiento de personas las que atribuye haber estado ligadas con Montoneros, por delitos que habría cometido a partir del 25 de mayo de 1973.
Cabe señalar que la presentante es hija de un subteniente del Ejército Argentino asesinado por Montoneros.
Aparte, la presentante reclamó "la reactivación de todas las causas en las que se hubiere decretado sobreseimiento o, simplemente, hubieren finalizado merced a indultos, habida cuenta que los delitos cometidos por la citada organización constituyen crímenes de lesa humanidad".
El reclamo se extendió a las bandas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Confesiones
Como elementos de convicción -entre muchos otros-, la denuncia mencionó el libro "Diario de un clandestino", donde Miguel Bonasso reconoce expresamente que "hacía inteligencia" para la organización Montoneros, mientras trabajaba para la Presidencia de la República, en 1973.
Dice la denuncia que en el mismo texto se incluye como funcionarios del Ministerio del Interior, entre otros, a Domingo Mercante, Luis Guagnini y Pablo Piacentini, que es secretario de prensa del ministro del Interior, Esteban Righi, "para quien escribe un excelente discurso dirigido a los jefes de la Policía Federal, condenando la tortura."
Además, en "El presidente que no fue", Bonasso cita a otros conocidos y, se concluye, todos ellos trabajaban en dependencia del Estado, usaban de la estructura política y "colaboraban con dinero obtenido de sus sueldos en el Estado en favor de las arcas de esa organización terrorista".
Otro ex activista
En la citada denuncia, la reclamante acude a otro libro: "Montoneros, final de cuentas", de Juan Gasparini, primero militante de las FAR y después de Montoneros. Allí se afirma que Enrique Gorriarán Merlo (jefe del ERP), dijo que su organización fue ayudada económicamente por montoneros "para adelantar el desplazamiento de sectores positivos del aparato del Estado como fue el caso de Oscar Bidegain (obligado a renunciar a la gobernación de Buenos Aires después del copamiento de la Unidad Militar de Azul) y el de Julio Troxler, en aquel momento subjefe de la Policía de Buenos Aires".
La denuncia incluye el libro de José Amorín, "Montoneros: La buena historia", donde se revela que las armas que utilizó la organización para asesinar a José Ignacio Rucci fueron transportadas por Gustavo Lafleur, por orden de Roqué, "en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires".
El caso de Azul
Son más los elementos, pero en conclusión, la denunciante entiende que entre "1973 y 1974, hubo un gobernador de Buenos Aires -Oscar Bidegain- que pertenecía a la organización Montoneros, integraba su Consejo Superior, participó de sus decisiones y, como mínimo, resultaba confiable para otras organizaciones terroristas; además de la acusación elíptica de Perón sobre su complicidad en acciones como el ataque al Regimiento de Azul".
También, que simultáneamente, hubo un subjefe de la Policía de Buenos Aires -Julio Troxler- designado por el propio Bidegain, quien no sólo era confiable para las organizaciones terroristas sino que les facilitaba campos de entrenamiento e instrucción militar y que "esa instrucción militar se impartía a todos los miembros de Montoneros, sin excepción".
Asimos, sostiene que "el apoyo logístico bonaerense se extendía incluso a los atentados, como el asesinato de José Ignacio Rucci, para el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires proveyó, como mínimo, un auto oficial".
Representación extranjera
En la extensa denuncia, se alega que Montoneros tuvo papel de representante del gobierno argentino ante algunos puntos del extranjero: el Líbano y Cuba, y la Organización para la Liberación Palestina, estrechamente vinculada con el estado libanés y era poseedora de status propio en las Naciones Unidas.
En "Fuimos soldados", Marcelo Larraquy formula "decenas de citas que demuestran la estrecha cooperación entre Montoneros, el Líbano y la OLP, en ambas direcciones; es decir, tanto para la comisión de actos terroristas en la Argentina como contra blancos israelíes".
Según Larraquy, "Montoneros se estableció en Beirut en 1977, después de cuatro años de relaciones con la Organización de Liberación Palestina (OLP). La cooperación mutua se hizo pública en mayo de 1977 cuando Yasser Arafat recibió en Beirut a los comandantes Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, montoneros, que sumaba el apoyo internacional".
Además, la OLP, a través de Al Fatah, ofreció campos de entrenamiento, instructores militares y misiles RPG7. Montoneros, por su parte, iba a instalar en el sur del Líbano una fábrica de explosivos plásticos. "A un año y medio de la firma, en septiembre de 1978, los acuerdos se estaban cumpliendo."
Algunos entrenados
Por su lado, Juan Gasparini, en "Montoneros: final de cuentas", ofrece una larga lista de militantes montoneros que recibieron instrucción en Cuba. "Por los nombres, podemos deducir que esto ocurrió desde los mismos comienzos": Miguel Angel Bustos, Héctor Bruno, el 'Chino' Prol, Luis Rodeiro, César Córdoba, Elvio Alberione, Mariano Pujadas, Héctor Díaz, Jorge Escribano, los hermanos Suárez, Fernando Vaca Narvaja, Alberto Molinas, Cecilio Salguero, el 'pelado' Baretta, Orlando Montero, Leticia Jordán, Claudio Ehrenfeld, Susana Lesgart, Jorge Raúl Mendé, Raúl Clemente Yagger, Osvaldo Cambiaso, Roberto Cirilo Perdía, Hugo Medina, Oscar Boero, Raúl Burzaco, Norma Arrostito, Gustavo Lafleur y Fernando Abal Medina, entre otros Todos están fallecidos.
Vínculos
"Como una evidencia más de la cooperación entre ERP y Montoneros -expresa la denuncia-, debe citarse la cobertura que, según el propio general Juan Domingo Perón, habría dado el gobernador Bidegain a los terroristas del ERP que asaltaron el regimiento de Azul, donde cometieron varios asesinatos y secuestraron al teniente coronel Jorge Ibarzábal, a quien llevaron a "una cárcel del pueblo. Tiempo después, como es de público conocimiento, Ibarzábal fue asesinado por sus captores, lo cual encuadra la acción en las prescripciones del Estatuto de Roma y de los Convenios de Ginebra y lo convierte en un crimen de lesa humanidad".
Casos puntuales
A partir de allí, la denuncia demanda "la investigación de todos los hechos que haya producido la organización Montoneros durante las etapas señaladas. Algunos de esos hechos, por su carácter emblemático, son citados a continuación: asesinatos de José Ignacio Rucci; del padre Carlos Mujica; de Arturo Mor Roig y del doctor David Kraiselburd. Ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa; asesinato del general Cesáreo Cardozo, jefe de la Policía Federal, y Todos los hechos producidos en la "Contraofensiva montonera", incluyendo los ejecutados en el Líbano.
También solicitó la reapertura de la investigación por el asesinato del teniente coronel Ibarzábal y "se indague también la colaboración que los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo hubieran recibido de la organización Montoneros y del entonces gobernador Bidegain".
Todo un tema.
Autor: Martín Carrasco Quintana
Posted on Feb 20, 2008, 4:10 PM from IP address 72.148.149.227