El martes pasado justo el mismo día en que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, enfrentó una andanada de críticas por parte de los diputados al paquete 2010, un grupo de empresas encabezadas por Nextel iniciaron en forma abierta el cabildeo con un comunicado en el que se manifiestan contra la propuesta del nuevos IEPS de 4% a telecomunicaciones, que implicaría un incremento real de 6% a los servicios, puesto que hay que sumar el impuesto de 2% contra la pobreza que se añade al IVA.
El comunicado, dirigido al Presidente, los secretarios de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes y los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, está firmado por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones a la que pertenece Telcel; la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información, Canieti, la Asociación Mexicana de Concesionarios de Trunking y el CIDE.
Entre otros puntos aseguran que este IEPS de 4% retrasa la modernización tecnológica, amplía la brecha digital, desincentiva la inversión, atenta contra la economías de 80 millones de usuarios, castiga a las pymes por el mayor costo de comunicación y complica la generación de empleos.
Llama la atención que hasta el momento Telmex, que no pertenece a ninguna asociación firmante, ha manifestado públicamente su postura a pesar de que será una de las empresas más afectadas por su gran número de usuarios de bajos ingresos. Tampoco firma la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicación por Cable (Canitec) que preside el muy aguerrido Alejandro Puente, quien está convencido de que una de las ventajas del paquete 2010 es que el gravamen de 2% es un mecanismo auténtico de redistribución de riquezas porque pagarán más los que más consumen y beneficiarán más a los más pobres.
Maricarmen Cortés
El Universal
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