Los medios públicos o de servicio público, dependientes del gobierno federal, serán también afectados de aprobarse el presupuesto para el año siguiente, con una disminución de más de 109 millones de pesos; esto es, un 11 por ciento menos de los recursos que la Federación les destinó en el 2009.
El dato es relevante porque de alguna u otra manera este recorte impactará en la producción de programas de radio y televisión, así como en la inversión para infraestructura tecnológica, en un año clave para la digitalización de los medios electrónicos en México. Quizás podrían existir otras consecuencias, pero hasta ahora no se conoce públicamente una postura de los responsables del Canal 22, Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Radio Educación.
Al Canal 11, que dirige Fernando Sariñana, le quitarían poco más de 59 millones de pesos (un 11 por ciento, comparado con el 2009); al Canal 22, que encabeza Jorge Volpi, casi 30 millones de pesos (un 13 por ciento); al IMER, cuya titular es Ana Cecilia Terrazas, unos 17 y medio millones de pesos (casi el 12 por ciento), y a Radio Educación, ahora a cargo de Antonio Tenorio, poco más de dos millones y medio de pesos (un 3 por ciento).
Por supuesto, algunos de estos medios, como el Canal 22, Canal 11 y algunas emisoras del IMER obtendrán recursos adicionales para su sostenimiento, gracias a que legalmente lo pueden hacer, pero en todo caso resultarían insuficientes para alcanzar el presupuesto asignado en el año que termina.
Los medios públicos tendrían así que ajustarse el cinturón y buscar afanosamente nuevos ingresos. De ahí la necesidad de modificar la ley para establecer, con toda claridad, las posibilidades para comercializar parte de su programación o bien obtener recursos de otras fuentes (por ejemplo, servicios), sin distorsionar su misión como medio de Estado. El presidente Calderón prometió una gran reforma en las telecomunicaciones ¿también considerará a los medios públicos?
El Semanario
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