Los límites que marca Europa
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La sentencia que avala la ilegalización de Batasuna sí supone un paso atrás de la garantista Europa respecto a los derechos individuales, pero también estipula que en su marco legal cabe la oposición y crítica al recorte de libertades.
LA constatación de que la sentencia emitida el martes por la Corte Europea de Derechos Humanos cierra el camino de la participación política dentro de la legalidad a la denominada izquierda abertzale radical mientras cohabite con la violencia de ETA y de que configura un motivo más para la desaparición de ésta no puede, ni debe tampoco, coartar un análisis imparcial sobre el giro que suponen los razonamientos emitidos por el Tribunal de Estrasburgo respecto a la postura garantista en la defensa de los derechos individuales y colectivos que han hecho a Europa ejemplo y aval de las libertades. La sentencia, por primera vez tan claramente, antepone las restricciones estipuladas en el punto 2 del artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades, al mismo primigenio derecho de asociación que dicho artículo pretende proteger. El Tribunal otorga así de facto a los Estados, en este caso al Estado español, la facultad de decisión sobre el respeto a ese derecho en función de la legislación propia, aunque ésta se haya diseñado precisamente para alentar, o para no evitar, su conculcación o recorte en virtud de un teórico y no asegurado bien superior. En ese sentido, las declaraciones de Arnaldo Otegi advirtiendo de que la decisión del Tribunal de Estrasburgo "antepone la seguridad nacional a las libertades ciudadanas" son algo más que razonadas. Sin embargo, si Otegi considera que la decisión de la Corte Europea está afectada del ánimo global contra el terrorismo, ni él ni Batasuna pueden sustraerse a dicho ánimo, como tampoco obviar que se les ha delimitado el marco legal de su actuación política en el ámbito europeo al mismo nivel de agotamiento que la izquierda aber-tzale radical ya soporta en el Estado español. Ni que ello les constriñe a elegir entre aceptar dicho marco para, como especifica el tribunal, tratar de cambiarlo o situarse totalmente al margen de éste. Ahora bien, constatado que la sentencia lima la tradicional protección europea a los derechos y libertades de su marco legal y que es en dicho marco legal donde se debe disputar la conquista del respeto total a esos mismos derechos individuales y colectivos, es preciso también defender, como refleja el mismo dictamen de la Corte, la posibilidad de crítica y oposición a esa u otras limitaciones de libertades. Tanto en el ámbito europeo como en el Estado español. La misma sentencia se encarga, al aclararlo en uno de sus puntos, de no dar carta de naturaleza a quienes, como Antonio Basagoiti y Rodolfo Ares, blandieron erróneamente ayer la decisión de la Justicia europea contra todos aquellos que consideraron y consideran injusta la llamada Ley de Partidos que dio origen a las ilegalizaciones y, más concretamente, contra el nacionalismo institucional y democrático en todas sus variantes. El respeto al marco legal, a la ley, no incluye la obligatoriedad de considerarla justa.