México D.F. Jueves 30 de septiembre de 2004

Acotar el poder televisivo

En la tercera jornada del foro Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, legisladores de todos los partidos y diversos comunicadores tocaron uno de los puntos nodales del estancamiento que vive el país en su proceso de democratización: el poder desmedido, fáctico e indebido de los medios electrónicos, particularmente el duopolio televisivo heredado del régimen priísta. El legislador priísta Manuel Bartlett, el perredista Pablo Gómez y el panista Javier Corral destacaron que uno de los obstáculos principales para sacar adelante la reforma electoral es el conjunto de intereses comerciales de las dos empresas televisivas, las cuales han encontrado un jugoso negocio en los espots publicitarios de las campañas electorales. Señalaron, asimismo, la necesidad de establecer una nueva ley que regule y controle el desmedido poder acumulado por esos medios y asegurar un acceso equitativo de todas las fuerzas políticas a los tiempos televisivos, poniendo exclusivamente en manos del Instituto Federal Electoral (IFE) la responsabilidad de comprar los tiempos de propaganda de los partidos.

Otro aspecto del problema, más preocupante si cabe, es el hecho de que "el duopolio televisivo privilegia el rating, el escándalo y el dinero por encima de la información", es decir, posee el peligrosísimo poder de desinformar a la ciudadanía, o de presentarle información distorsionada, en función de sus intereses económicos y también políticos. Para aquilatar esa afirmación baste con recordar dos hechos: la campaña de linchamiento político realizada por Tv Azteca contra el entonces jefe del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, tras el asesinato de un conductor de esa empresa, Paco Stanley. Su muerte, que fue, según los datos disponibles, resultado de un ajuste de cuentas del narcotráfico, fue presentada el día del crimen, y en los posteriores -junio de 1999-, como producto de la inseguridad urbana. Más recientemente hay que evocar la hasta hoy oscura participación de Televisa en la gestación y presentación de los "videoescándalos" relacionados con actos de corrupción en el entorno del Gobierno del Distrito Federal.

Más allá del hecho de que las corporaciones televisivas poseen atributos regulatorios de facto en materia de publicidad electoral está, pues, su vasta capacidad para afectar o beneficiar a personalidades y organizaciones políticas, lo que las convierte en actores informales, pero sumamente poderosos, de la vida institucional y republicana.

Es cierto que hasta ahora las entidades que conforman el duopolio televisivo se han limitado a establecer alianzas de mutuo beneficio -cobertura a cambio de prebendas- con los gobiernos priístas y panistas, en detrimento del resto del espectro político y de la pluralidad que caracteriza a la sociedad. Pero el poder mediático incontrolado ha dado lugar en otros países a verdaderas aventuras de toma del poder, como la que encabezó en Brasil Fernando Collor de Mello a principios de la década pasada y como el constante desfiguro político que protagoniza en Italia el aún primer ministro Silvio Berlusconi. En uno y otro caso el punto de partida de esos gobernantes no fue una fuerza política, sino un conglomerado de medios.

Desde otra perspectiva, la capacidad de distorsión de la vida cívica que llegan a acumular las corporaciones de comunicación y entretenimiento es de tal magnitud que en muchos países, incluido el nuestro, las encuestas que elaboran y difunden las compañías de radio y televisión reciben con frecuencia más cobertura que los resultados electorales oficiales establecidos por las autoridades comiciales, y a veces las proyecciones privadas consiguen más credibilidad que los recuentos formales de sufragios.

Es absolutamente necesario, en suma, que los señalamientos de Bartlett, Gómez y Corral sean atendidos por sus colegas legisladores y que ambas cámaras actúen en consecuencia a fin de acotar y regular de manera eficaz, tanto por medio de enmiendas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, como con reformas al código electoral, el desmedido y antidemocrático poder de las corporaciones de medios electrónicos.