Confieso que la imagen patética de cuatro épicos Soldados argentinos —Losito, Barreiro, De Marchi y Piris— estacados al banquillo del escarnio del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes, me produjo escalofríos… y mis inevitables reminiscencias mitológicas.
Áyax es la primera tragedia que se conserva de Sófocles y pertenece temáticamente al denominado ciclo troyano, esto es, tragedias relacionadas con la guerra de Troya y los avatares de sus protagonistas. La obra recuerda cómo una vez muerto Aquiles se disputan su armadura Áyax y Odiseo (Ulises). Cuando Ulises recupera la impedimenta del héroe Áyax se siente afrentado y decide eliminar a su contrincante, ante lo cual Atenea le hace perder el juicio a punto tal que lo ahonda en una insensatez que le lleva al suicidio.
Pero todo esto es una apretada síntesis que culmina cuando el vengativo Menelao pretende no sepultar el cadáver de su homérico General. Es tal su porfía de castigar a Áyax, que le desconoce el derecho a ser enterrado dignamente, si bien finalmente la intercesión de Odiseo impide que triunfe la violencia —que Sófocles define como “tropelía”— hasta el punto de pisotearse la justicia.
Justamente la tropelía es un atropello o acto violento, cometido generalmente por quien abusa de su poder.
La presidenta del «Consejo de la Magistratura» —Diana Conti— no concurrió a Corrientes como una simple espectadora del naufragio del honor de esos héroes malvineros.
Escoltada por su cuadrilla de jornaleros de “barrios de pie” y su fárrago de pancartistas de vino y choripán, otea cuidadosamente a los jueces del colegiado, que de ahora en más serán prevaricadores o desempleados. Además de pisotear la Justicia al presidir los juicios patibularios, sin que les sean impedidos por ilegales, las organizaciones terroristas han plantado bandera en los estrados de tribunales, se mofan descaradamente del Estado de Derecho y destruyen el futuro de los argentinos.
Cual el furibundo Rey Menelao de las tragedias del ciclo troyano, los funcionarios de la “Secretaría de Derechos Humanos” se niegan definitivamente a sepultar los cadáveres putrefactos del pasado.
Pero superando a las tragedias griegas de las épocas de los impiadosos Menelao, Agamenón y los heroicos combatientes de los que tantas odas y elegías inspiraron, Dios nos envió a su único hijo, centenares de años después de aquellos dramas, con el verdadero dogma del Derecho.
Pero Diana Conti, como la “Madres de Plaza de Mayo”, obviamente no creen ni en Dios, ni en su Hijo, ni en sus obras, ejemplos y legado.
De otra forma recordaría que Jesucristo es —ante nada— Dios de Justicia, que nos llama a construir la fraternidad en el mundo. En la tradición bíblica, al contrario que en la filosófica, Dios es más un Dios de hombres que un Dios de cosas. Por eso, creer en Dios no es primero creer en algún fundamento del ser, del que podría seguirse a modo de consecuencia moral la necesidad de practicar la justicia, sino que es creer en Alguien cuya función primaria en relación con nosotros es construir la justicia y exigirla.
Por ello, pisotear la justicia interhumana se convierte en negación del mismo Dios. Esencia de Dios es ser justo; y esencia del ser humano, imagen suya, es ser constructor de justicia. En ese sentido, Dios no se presenta como un agujero ideológico por donde evadirnos, sino como exigencia de compromiso político eficaz y, a la vez, como garantía de que ese compromiso vale la pena. Por ello nadie conoce a Dios, sino en la medida en que se entrega a construir un mundo justo y armónico.
Claro está que la armonía parece jugar en contra de los planes del régimen kirchnerista, lo que aporta una explicación lógica a la violencia generalizada que sufren los ciudadanos en todas las situaciones y desde cualquier sector. Bien sufriendo la impunidad vial de todos los días, cuando el Derecho está ausente para preservar su seguridad en viaje, ora cuando también la Ley deja de ser aplicada adecuadamente para salvaguardar la vida y la propiedad de los ciudadanos desguarnecidos. En este ambiente francamente hostil al que parecemos habernos acostumbrado, los derechos humanos sólo se reservan para la aplicación del escarmiento a los viejos guardianes de la Patria en la guerra antiterrorista de los años ‘70.
Porque si bien el objetivo de la guerra es quitarle al enemigo la voluntad de seguir combatiendo, etimológicamente el fin de la guerra es la paz. Y ya ha quedado sobradamente de manifiesto que este gobierno busca mantener las hostilidades contra un grupo determinado de ciudadanos: los hombres de armas que, en cumplimiento de órdenes legales, defendieron a la Nación.
Sin duda se deben impulsar reformas que eviten la politización y corrupción del poder judicial, que no sirve sino para añadir leña al fuego a disputas que hace tiempo debieron haberse clausurado definitivamente, para allanar la salida pacífica que debe buscarse.
No hay peor escenario para Cristina Kirchner que continuar con el estilo de gobernar “al borde del abismo”, ahondando el estilo inconfundible de Néstor, forzando soluciones pírricas que conducen a nuevos ciclos de conflicto y medición de fuerzas, atizando rencores pretéritos como única plataforma de futuro.
Este circo político sólo va a terminar cuando la ciudadanía se movilice y deje de actuar como espectadora pasiva de tanta barbaridad. Porque si algo bueno ofrece este extendido sentimiento de vergüenza, es la oportunidad de unirnos más allá de falsas “agendas políticas”, de rechazar el juego de los alineamientos que sólo benefician a la perpetuación de la “ilusión de democracia” que nos rige y que no es tal. Es un compromiso de todos impedir una polarización irrefrenable que nos lleve, el día de mañana, a nuevas confrontaciones insensatas que comprometan a quienes más amamos: nuesta familia y nuestra posteridad.
Autor: Dr Carlos M. Shäferstein
Investigador Senior
Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires
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http://www.lahistoriaparalela.com.ar:80/2008/02/11/cadaveres-insepultos/
Causa Política disfrazada apenas de Judicial
Publicado el 11 de February, 2008 en Cartas de lectores
Pasada esta primera semana del Juicio Oral por la Causa RI9, queda claro que para los miembros de las FFAA y en particular para los imputados en la causa, pareciera no existir derechos humanos ni leyes que los contengan o protejan.
Algunas comparaciones entre las leyes que aplican a los miembros de las Organizaciones Terroristas y los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas que participaron en la guerra de los años ´70, confirman que el artículo 16 de la Constitución Nacional “todos los habitantes son iguales ante la ley”, ha sido borrado de la misma.
Los hechos que están actualmente siendo juzgados, datan de 30 años atrás y las personas sensatas del país consideran que la responsabilidad personal de cada uno de los imputados es más que dudosa y la gran mayoría de los Correntinos saben de su inocencia; pero en la Argentina de hoy estos supuestos crímenes cometidos por personal de las FFAA no prescriben jamás, mientras que los cometidos por los de izquierda no sólo prescriben sino que ni siquiera son crímenes: son actos heroicos y sus autores son subsidiados con grandes sumas de dinero pagadas por todos los ciudadanos.
Algunos pilares de la tradición jurídica derribados para los uniformados son: Irretroactividad de la Ley, Ley más benigna, Cosa Juzgada, Presunción de Inocencia, el Derecho de Defensa en base a las reglas del debido proceso, entre otros.
Mi padre y los otros imputados, tampoco tienen el derecho a ser juzgados en un plazo razonable, sorprendió que esto ha sido aceptado por la misma fiscalía, que argumenta que los plazos del proceso están absolutamente vencidos porque existieron “cepos” para que la causa no avance, parece ser, por razones reprochables a los imputados. Debo recordar, que este derecho humano fundamental que toda persona posee sin discriminación de tipo alguno, se encuentra contemplado en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que nada hicieron ellos para demorar el trámite de este proceso por más de 22 (veintidós) años. Por el contrario, todas y cada una de las demoras que aquí se produjeron, se debieron pura y exclusivamente a la responsabilidad del Estado Argentino, a través de las acciones y omisiones de sus diversos poderes y autoridades.
Fue el Poder Legislativo, quien dictó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el Poder Judicial, quien el 30 de junio de 1987 declarara extinguida la acción penal y quien reiteradamente declaró constitucionales a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían concluir normalmente estas investigaciones.
Quien se ocupa de los Derechos Humanos de los miembros de las Fuerzas Armadas imputados en la causa RI9? El Sr. Eduardo Luís Duhalde? Me resulta difícil pensar que el hoy funcionario tenga la imparcialidad necesaria y su representante legal en la querella se ocupa de negárselos. Deberían recordar que todos los hombres gozamos de esos derechos. Francamente, no me resulta creíble alguien que condena el terrorismo de Estado pero no emite una sola palabra de reproche hacia las bandas terroristas que tuvieron un grado de desprecio tan grande por la vida como para llegar a asesinar a niños entre los que se contaba la hija del capitán Viola, que murió ametrallada por las armas terroristas, o la hija de Lambruschini, que murió por las bombas terroristas, porque para ellos matar a niños inocentes no era un problema con tal de alcanzar su objetivo de tomar el poder por las armas.
Como reflexión final, insisto que dudo de las posibilidades de defensa de mi padre, por el entorno político mediático en el cual esta causa está inmersa, los “intereses” en juego y el marco en que fiscales y querellantes quieren se realice el juicio, con el razonamiento de considerar a manifiestos enemigos, como presuntos testigos necesarios imparciales, que nació de la breve frase “de que no hay otros testigos posibles”, sin percatarse que así están definiendo la falla estructural de estos juicios, tal cual es juzgar una guerra civil, pero guerra declarada y ocurrida, con las normas de los tribunales de los tiempos de paz. En la causa RI9, los dichos de estos testigos, presuntos ex-detenidos se han convertido en una suerte de verdad revelada por encima de testimonios de militares, testigos de las defensas y hasta de los legajos de datos de la carrera de los militares acusados.
Autor: Juan C. De Marchi (h)
La venganza se extiende a la descendencia de los imputados
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LA NACIÓN, Domingo 10 de febrero de 2008
Señor Director:
"Recientemente, en el marco de su concepción de «ciudadanos militares» Nilda Garré resolvió modificar ciertas normas de las Fuerzas Armadas «a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, como son la libertad individual y la protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada».
"No se trata de cuestionar la necesidad de actualizar ciertos contenidos culturales que hacen al mundo castrense. Lo que indigna es la hipocresía de la doctora Garré que, en forma paralela al dictado de esta resolución, dispone el retiro obligatorio de un grupo de oficiales jefes por portación de apellido, al tener familiares con algún presunto grado de participación en la guerra contra el terrorismo de los 70.
"¿Derechos humanos? ¿Libertad individual? ¿Injerencias arbitrarias en la vida privada? ¿Y lo dice sin ruborizarse?
"Dos años atrás, quien suscribe estas líneas sufría el mismo castigo por portación de cónyuge. Aunque a decir verdad, la situación era distinta. La esposa se elige; en cambio, quienes sufren la persecución del odio montonero en la actualidad no pudieron elegir a sus padres."
Lic. Pedro Rafael Mercado
DNI 18.046.597
