GIL LAVEDRA FUNCIONARIO GOB. MILITAR, CANDIDATO DE CARRIO HACEN EL JUEGO A LA TIRANIA DIVI

FUERON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO MILITAR
DEL GENERAL VIDELA Y DE LAS FFAA.
HOY COMO RATAS VAN POR EL QUESO

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Amplio reclamo por los juicios contra militares
miércoles 25 de marzo, 3:00 AM

Cada uno a su manera, las organizaciones de derechos humanos afines y contrarios al Gobierno, partidos de izquierda y el radicalismo se manifestaron ayer por el 33° aniversario del último golpe militar. El reclamo por la agilización de los juicios contra los militares acusados de violaciones de los derechos humanos fue el reclamo común en las manifestaciones y actos que se realizaron en la Capital y en distintos puntos del país.


La manifestación más numerosa tuvo impronta kirchnerista y fue la convocada por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en la que también estuvieron hermanos, familiares e hijos de desaparecidos. Se concentraron allí gremios de la educación, agrupaciones universitarias, la CTA, el partido Encuentro de Martín Sabbatella, el PC, JP Evita y Libres del Sur, entre otros.


Sin Hebe de Bonafini -participó de un festival en la ex ESMA- ni Estela de Carlotto, las madres leyeron un documento en el que pidieron que se aceleraran "los juicios contra todos los genocidas", reclamaron "cárcel común y cadena perpetua para los represores", y que el Congreso sancionara una ley para que "ningún sospechoso de delitos de lesa humanidad ocupara una banca legislativa".


En el acto también hubo críticas especiales a la cúpula eclesiástica, a la Sociedad Rural y a Clarín . Hubo un párrafo especial para los productores agropecuarios: "Son egoístas y tiran la leche cuando tantos niños hoy mueren de hambre". Los aplausos fueron ensordecedores.


El acto terminó a las 17, y unos minutos después empezó la concentración para la siguiente manifestación, opositora al Gobierno. Agrupó al Partido Obrero, al Movimiento Socialista de los Trabajadores y otros grupos de izquierda.


Hubo una pequeña gresca cuando el Movimiento Peronista 26 de Julio, que todavía seguía en la plaza, intentó tomar el palco y el Partido Obrero los rechazó con palazos. El grupo Quebracho, que participó de esa marcha, aumentó la tensión cuando llegó a la plaza y sus militantes golpearon las vallas de contención. El incidente no pasó a mayores.


El radicalismo, por otra parte, conmemoró el aniversario del golpe militar con un multitudinario acto organizado por la juventud partidaria y el Instituto Lebensohn en la Federación de Box.


Luego de aplaudidas adhesiones enviadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, el vicepresidente Julio Cobos y el titular partidario, Gerardo Morales, subieron al escenario para un reportaje abierto los protagonistas del juicio a las Juntas Militares: el ex fiscal Julio Strassera, el ex integrante de la Cámara Federal Ricardo Gil Lavedra, y las integrantes de la Conadep Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Meijide.



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Strassera: Gobierno pretende que juicios a militares se dilaten para seguir agitando la bandera de los derechos humanos
Strassera: Gobierno pretende que juicios a militares se dilaten para seguir agitando la bandera de los derechos humanos
Julio César Strassera respaldó el reclamo de la jueza de la Corte Carmen Argibay para que se aceleren los procesos contra los represores.
El ex fiscal del juicio a las Juntas Militares de la última dictadura denunció que el Gobierno pretende que los juicios se dilaten para seguir agitando la bandera de los derechos humanos.

Lo que ha dicho Carmen Argibay es inobjetable. No es cierto que el Poder Legislativo haya hecho todo lo posible: hay un proyecto de Dalesio y Gil Lavedra para acelerar los procesos, puntualizó.

Strassera reclamó que se aplique un procedimiento especial, como en el juicio a las Juntas de 1985, para acelerar los procesos penales contra los represores.
Recomendó también agrupar las causas.

En otro orden, el ex fiscal remarcó su rechazo absoluto a la pena de muerte.

Y denunció también que los jueces buenos son intimidados por este atroz organismo llamado Consejo de la Magistratura, una de las innovaciones de la Constitución de 1994 para repartir el trabajo con la Corte Suprema, pero que el Gobierno ha convertido en un contralor de las causas contra funcionarios K.

Fuente: Radio Continental

LA UCR LE DIO LA RAZÓN A FAYT

El titular del partido acusó a la Presidenta de ser la responsable de la demora en los

juicios a represores. Las razones.

El senador radical Gerardo Morales le dio la derecha al juez de la Corte Suprema Carlos

Fayt, que el viernes le endilgó al Congreso la responsabilidad de la demora de los

juicios a militares involucrados en delitos de lesa humanidad.

El presidente del Comité Nacional de la UCR admitió que es el Congreso de la Nación

el que tiene que cubrir el vacío legal que existe para modificar el Código de

Procedimiento Penal para la sustanciación de las causas en relación a la violación de los

derechos humanos para los criminales que han cometido delitos que son

imprescriptibles".

"Es muy cierto lo que dijo el doctor Fayt, la responsabilidad es del Congreso", sostuvo

el senador radical.

Morales recordó que "junto con Ernesto Sanz, presidente del bloque de senadores,

hemos presentado un proyecto elaborado por Ricardo Gil Lavedra y Andrés DAlessio,

que fue obstaculizado por Cristina Kirchner cuando era senadora. Esta iniciativa estaba

en la comisión de legislación penal y también en Asuntos Constitucionales, pero fue

obstaculizado porque se trataba de un proyecto de la oposición".

¿Por qué culpa a la Presidenta de esta situación? Según Morales, "hasta acá" ella tiene

"la responsabilidad de que no se haya aprobado el proyecto de la UCR". Al respecto,

dijo que "es increíble que la propia Presidenta desconozca esto, ella sabe muy bien que

la única posibilidad de acelerar los juicios por violación de derechos humanos, las más

de mil causas que existen en el país, va a estar en una fuerte participación del Congreso

a través de la sanción de una ley que cubra ese vacío legal".

EL SENADO RECLAMÓ APELAR EL FALLO QUE LIBERA A REPRESORES

Todos los bloques de la Cámara alta se pusieron de acuerdo para aprobar un proyecto de

resolución donde se inste al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que

apele el fallo de la Cámara de Casación sobre la liberación de un grupo de militares

procesados por violación a los derechos humanos. Los oficialistas pedirán juicio

político a los miembros de la Cámara.

El jefe de bloque de la UCR en el Senado, Ernesto Sanz, en el marco del debate por el

paquete anticrisis y la eliminación de la "Tablita" de Machinea, hizo un alto en la

discusión y repudió el fallo de la Cámara de Casación Penal, la cual ordenó la liberación

de varios militares procesados por delitos de lesa humanidad.

Con respecto a la posible liberación de Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta, Sanz

consideró: "Dos de los más siniestros los personajes, que son la cara miserable de la

última dictadura militar.

Ante el fallo de la Cámara, fundamentado por el exceso de tiempo de prisión sin una

sentencia firme, el Senado aprobó un proyecto de resolución para instar al procurador

general de la Nación, Esteban Righi, para que apele el fallo de la Cámara de Casación

sobre la liberación de un grupo de militares procesados por violación a los derechos

humanos. Esto fue un "mensaje político a la Corte Suprema" sobre un tema que

"indigna a la sociedad".

Por su parte, el kirchnerismo, a través del senador Nicolás Fernández, adhirió al

proyecto de resolución y anunció que los senadores y diputados oficialistas que integran

el Consejo de la Magistratura firmaron un pedido de juicio político a los miembros de la

Cámara de Casación Penal.

En defensa de los usuarios telefónicos

Avanza en el Parlamento un proyecto que busca defender la privacidad de las personas.

"No me llame". Así se denomina la campaña impulsada por el senador radical

formoseño Luis Naidenoff, aprobada a través de un proyecto en la Cámara alta.

La iniciativa busca defender la privacidad de los usuarios telefónicos, a fin de evitar las

llamadas publicitarias por esa vía.

El proyecto recibió media sanción y fue justificado por su impulsor con el argumento de

que se debe "proteger a rajatabla el derecho a la privacidad de las personas".

La norma estipula "el derecho a la privacidad de las personas ante los posibles abusos

en los procedimientos aplicados por quienes publicitan, ofertan, venden y regalan bienes

y servicios a través de la telefonía básica y de comunicaciones móviles".

Naidenoff sostiene que "la gente está cansada de que las empresas manipulen su

información privada y confidencial como si fuera pública", de ahí que proponga crear

un registro público nacional donde los usuarios podrán inscribirse para manifestar su

voluntad de no ser contactados por quienes publicitan bienes y servicios a través del

teléfono como medio.

La inscripción y baja del registro será gratuita y las empresas estarán obligadas a

consultar el registro de las personas cada 60 días, para evitar contactarse con las

personas que se hayan inscripto en el mismo. Las inscripciones tienen una duración de

dos años a partir de su incorporación al Registro Público Nacional "No Llame" y se

renuevan automáticamente por un período igual, salvo manifestación en contrario del

registrado.



RGENTINA ELECCIONES: IMPUGNAN CANDIDATURA DE LA OPOSITORA LILITA CARRIÓ, POR HABER SIDO FUNCIONARIA DE DICTADURA MILITAR
MDZ (Mendoza, Argentina)

Impugnan a Carrió y Gil Lavedra.
La respuesta del oficialismo fue instantánea: esta mañana, los apoderados del Frente para la Victoria presentaron en los tribunales de La Plata una impugnación a las candidaturas de Elisa Carrió y Ricardo Gil Lavedra.


Desde el kirchnerismo se tomó esta decisión, basándose en el antecedente de que ambos fueron funcionarios durante la última dictadura militar.