Plan B del Mindefensa viola Constitución
Carlos Eduardo Ruiz
El Ministro de la Defensa, general retirado José Luis Prieto, a pesar de haber ocupado en el pasado el cargo de Fiscal Militar; es decir, a pesar de ser un conocedor del derecho, tiene preparado "Un Plan B" en caso de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida no enjuiciar por "rebelión militar" a los oficiales que desconocieron al gobierno de Hugo Chávez el pasado 11 de abril.
El plan consiste en abrir Consejos de Investigación a cada uno de los oficiales que sean declarados inocentes por el TSJ, para -esta vez por la vía administrativa- darlos de baja argumentando diversas razones, como el haber dado declaraciones a la prensa sin el previo consentimiento del Ministerio de la Defensa, hacer declaraciones públicas de tipo político, irrespeto a los superiores, o por "abuso de poder".
Esta triste "iniciativa", que no es tal en realidad, porque sólo se trata de reincidir en la artera maniobra ya intentada por su antecesor en el cargo, José Vicente Rangel, y que fue abortada hace poco por varias decisiones del propio Tribunal Supremo de Justicia, viola numerosas disposiciones de forma y de fondo, establecidas en la Constitución Nacional.
No es sólo una triste maniobra de imitación; sino que sería violatoria del principio -y derecho- constitucional que establece claramente (numeral séptimo del artículo 49) que "Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente".
Observemos primero, que la Constitución Nacional no habla de "los mismos delitos" sino de "los mismos hechos", porque eso significa que mal podría el Ministerio de la Defensa hallar otras faltas u otros delitos distintos a la rebelión militar, en los hechos en los cuales el Tribuinal Supremo de Justicia no encontró ningún comportamiento que sancionar. Si el TSJ decide no enjuiciar a los oficiales...¡Ni siquiera habrá hallado motivos para iniciar un juicio!
Para después observar también, que aunque los Consejos de Investigación son una instancia administrativa -no judicial- y entonces en apariencia los oficiales no estarían siendo "juzgados" dos veces; lo cierto es, que los Consejos de Investigación son una anacrónica institución militar que emula los Juicios que se efectuaban en la antigua Grecia -origen primigenio del derecho y en consecuencia de nuestro estado de derecho- mediante los cuales se colocaba en el centro de un estadium a los acusados, para que una masa de senadores sentada en la gradería, decidiera el destino de los indiciados, apuntando sus pulgares hacia el Olimpo en caso de considerarlos inocentes, o, en caso contrario, hacia el Infernus.
Los Consejos de Investigación son lo mismo que esos antiguos juicios griegos.
Porque de la misma manera en que la gradería de antiguos griegos le permitió a Platón dar un discurso en defensa de Sócrates, para después ignorar todos su sólidos y magistrales argumentos, y condenar al anciano sabio a beber la cicuta, un grupo de generales de división -todos nombrados en sus cargos por ser leales a la causa chavista- escucharían a un "defensor" de cada oficial sometido a Consejo de Investigación, para después ignorarlo olímpicamente y "decidir por mayoría" aplicarle la pre-concebida sanción de expusar al oficial indiciado de la Fuerza Armada.
Pero ese anacrónico foro sancionatorio del mundo militar venezolano, no sólo violaría el arriba citado derecho constitucional establecido en el numeral séptimo del artículo 49 de la Constitución, que evita el daño llamado por por los pueblos de habla inglesa double jeopardy (doble peligro), sino que adicionalmente, atropellaría como un elefante retozando en una cristalería, todos los demás numerales de ese mismo artículo que establecen vitales elementos del debido proceso.
Especialmente aquellos que establecen que "toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario" (numeral segundo); "toda persona tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa" (numeral primero) y "toda persona declarada culpable tiene el derecho a recurrir del fallo" (también numeral primero).
Adicionalmente, le guste o nó al Ministro de la la Defensa -o a cualquier otra chavista, sea éste o nó, funcionario público- las posibles causas que se usarían como instrumentos de vengaza del "Plan B" (haber dado declaraciones a la prensa sin el previo consentimiento del Ministerio de la Defensa, hacer declaraciones públicas de tipo político ó irrespeto a los superiores) no pueden ser consideradas como faltas o delitos militares por un hipotético Consejo de Investigación, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece claramente en su artículo 57, que... "Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones mediante cualquier forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura".
Finalmente, no sólo son cuestiones formales del derecho, las que serían atropelladas por ese "Plan B", sino la vital cuestión de fondo que motivó el comportamiento de los muy honorables y valientes altos oficiales que hoy intenta el chavismo someter a juicio por "rebelión militar", y que está contenida en el MANDATO CONSTITUCIONAL del artículo 350: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
Una vez más, los "revolucionarios pacíficos" demostrando que son totalmente incapaces de tener ideas propias, intentan emular al oprobioso régimen castrista, específicamente su vergonzoso y atroz episodio de 1959, cuando luego de que los primeros "jueces" designados por la revolución cubana hallaron inocentes a 44 oficiales de la aviación de Fulgencio Batista de "crímenes de guerra" y de "asesinar a civiles desarmados", Fidel Castro ordenó anular ese juicio y re-hacerlo de nuevo. Esta vez, en el Palacio de los Deportes de La Habana -un estadium- que se llenó de gente y al cual fueron invitados representantes de la prensa internacional. El "juicio", también fue transmitido en cadena de televisión a todos los cubanos de la época, y esta segunda vez, los 44 aviadores fueron hallados culpables y sentenciados a ser fusilados o a largas condenas de prisión.
Si el chavismo, en los estertores de su agonía, decide incursionar en un crimen de esta naturaleza, sin duda desataría respuestas populares -y sobre todo militares- de inimaginables consecuencias
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